Estos vigilantes son los antiguos escoltas de altos cargos en el País Vasco que, según ha denunciado la Unión de Guardias Civiles han sido "recolocados" por el Gobierno de Rajoy en una operación que resulta, según han asegurado, "sospechosa".
El responsable de la Administración General del Estado en UGT Castilla y León, Ovidio Martínez, ha recordado que existen "vínculos" entre el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, y una de las empresas que ha resultado adjudicataria del nuevo servicio.
Los vigilantes de seguridad privada no sustituyen a los guardias civiles si no que complementan su labor. En principio es una medida experimental durante nueve meses pero temen que sea el inicio de una privatización en la seguridad de las prisiones.
El representante de la Unión de Guardias Civiles, Ramón Rodríguez, ha apuntado a que esta decisión sólo supone mayor gasto y que habría sido mejor "reforzar" las plantillas de la Benemérita que, por otra parte, están prestando el servicio de vigilancia exterior en las prisiones "con normalidad". En este sentido ha propuesto que esos agentes privados podrían haberse destinado a la seguridad de las mujeres víctimas de violencia doméstica.
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